Ahora que estamos conmemorando el bicentenario dela Constituciónde Cádiz de 1812, bautizada afectuosamente como “la Pepa”, es un momento más que oportuno para hacer una llamada de atención a propósito de nuestra bandera como signo de identidad nacional y después de la intención dela Generalitatcatalana de proponer una modificación de la vigente ley 39/81 de 28 de octubre que regula el uso de la enseña española, junto a las de las autonomías.
Nuestra Carta Magna, en su Título preliminar, 4.2, dice textualmente “Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales”. Este principio, como tal precepto, queda consagrado en la citada Ley, que en sus artículos 3º y 4º precisa la obligatoriedad de exhibir la enseña nacional conjuntamente con la propia de cada Autonomía.
Dicho esto, no entendemos cómo desde una Comunidad autónoma se pretende establecer una modificación para cambiar una ley con rango estatal y así, poder ondear únicamente en sus edificios públicos y actos oficiales su enseña territorial, soslayando, cuando no retirando como de hecho además está sucediendo, la representación vexilológica institucional de España.
Afirma un alto representante del gobierno autonómico catalán que no quieren entrar en una “guerra de banderas”. Estaría bueno que se suscitase semejante contienda por una cuestión que desde un punto de vista legal no tiene duda: hay una Ley que obliga al cumplimiento de la misma y no hacerlo, es conculcarla y por lo tanto, debe penalizarse a quienes hacen caso omiso. En ese sentido, la postura dela Delegacióndel Gobierno de España en Cataluña es clara: denunciar a través de Abogacía del Estado a aquellos ayuntamientos que no coloquen la bandera de España en sus balcones.
Pero todavía más, ese “acto de rebeldía vexilológica” ha tenido una vuelta de tuerca más, cuando ese mismo gobierno autonómico afirma que apoyará, “desde el punto de vista de asistencia jurídica e institucional” a aquellos ayuntamientos que tomen la decisión de retirar la bandera de España de sus fachadas. Y de trasfondo, la iniciativa del ayuntamiento de Arenys de Munt para promover una consulta popular sobre este tema, propuesta que obviamente ha trasladado a otros ayuntamientos para que sea secundada. Claro que el alcalde de este municipio catalán, no tiene reparo en reconocer que desde hace tres décadas, la bandera española nunca ha ondeado en su ayuntamiento y reconoce que hasta ahora no ha habido ninguna polémica.
Esto último puede entenderse como una dejación de funciones por parte de los organismos competentes en la materia y que tienen que ser garantes del cumplimiento de la ley. Porque de nada vale quela Delegacióndel Gobierno de España en esa Comunidad asegure que dispone de “una relación bastante completa” de aquellos ayuntamientos donde no ondea la enseña española, si hasta la fecha nunca se han tomado medidas. Y en algunos casos, hay que hacerlo por decisión de los Tribunales de Justicia que tienen que dirigirse a un ayuntamiento en cuestión y ordenarle que la bandera tiene que exhibirse porque lo ordenala Ley.
Retomando las palabras de la vicepresidenta del ejecutivo autonómico catalán, “si la ley no es del gusto se debe trabajar para cambiarla, no incumplirla”. Pero una ley con rango estatal, tiene que debatirse en el seno de la cámara legislativa del Estado y sila Constitución, como Carta Magna de todos los españoles, ya contempla que nuestra enseña ha de estar en todos los edificios y actos del territorio español, tendrán que empezar por cambiar el espíritu de la misma. Por cierto, una Constitución que permite que España funcione con un Estado de las Autonomías.
Muchos dirigentes políticos tienen que salir de su ensimismamiento y estado narcicista y saber que la casa que rigen, o representan, no es de ellos, sino de todos y que tienen unos derechos y unas obligaciones. Y el principio de un representante institucional es acatar las leyes vigentes, esas mismas que prometió o juró hacer guardar cuando accedió a su cargo (“… cumplir fielmente las obligaciones del cargo… Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardarla Constitución como norma fundamental del Estado”) y aceptar esos deberes que como tal político tiene que asumir.
Enarbolemos la bandera del sentido común. Ahora mismo, la exhibición de la enseña de España es algo incuestionable. Por eso, cuando surgen situaciones como la descrita, se nos viene a la memoria aquello que escribió Séneca: “Los preceptos tienen sus partes: la prudencia y la justicia tienen deberes; a los deberes los reglamentan los preceptos. Principios y preceptos van en íntima conexión: ni aquellos pueden preceder sin que éstos sigan, ni éstos ocupan su lugar de orden”.
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