En unos momentos como los actuales, donde el ejercicio de la actividad pública por parte de cualquier cargo o representante institucional está siendo examinado con lupa, que no ya con microscopio, es cuando aquellas personas que asumen estas funciones tienen que llevar a cabo una actuación sin mácula y que en ningún momento se soslaye la credibilidad de su gestión.

Casos como los del presidente del Consejo General  Poder Judicial-cuyo pleno, por cierto, enseguida se apresuró a dejar constancia de que sus miembros actúen con “austeridad y transparencia”, algo que siempre tiene que ser obvio- o del Defensor del Pueblo dela Generalitatcatalana, sin entrar en valorar la “legalidad” de sus actuaciones, lo único que hacen es provocar desazón entre los ciudadanos. Hay gestiones inherentes al cargo, que suele decirse, pero actualmente, hay que evitar aquellas que siembren incertidumbres o que parezcan que no son “políticamente correctas”.

Cualquier actividad que esté remunerada con dinero público, tiene que responder a unas pautas de actuación éticas. Lo que pasa es que, lamentablemente, ética y política, por mucho que se hubiese empeñado Aristóteles, no caminan juntas la mayor parte de las veces.

Ahora mismo, está instalado el debate en el seno de la ciudadanía sobre la actual conformación orgánica  del Estado y se pide una reestructuración del aparato administrativo, lo que afecta lógicamente a sus cargos representativos- que son a la postre cargas para el Tesoro- y por eso, cualquier político o cualquier representante de una institución pública que protagonice alguna actuación fuera de lo ordinario y, como decimos, cuestionable éticamente, acaba estando en el epicentro de la discusión.

Obviamente, la crisis no tiene porque haber puesto de relieve este tipo de comportamiento de determinados cargos públicos, puesto que no es cuestión sólo de austeridad, que lo es también, sino porque es, como decimos, una cuestión de moralidad y cuando una persona asume estas funciones jerárquicas, lo hace comprometiéndose con los principios contenidos en  la fórmula del “Juro o prometo”: “juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo… Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardarla Constitucióncomo norma fundamental del Estado?”.

Lo que ocurre es que algunos, parece que no tienen conciencia, o si la tienen, es confusa, y lo del honor y honorabilidad da la impresión que está reservado exclusivamente para próceres.