Si ha habido una palabra que en las últimas horas más ha sonado, o por lo menos se ha enunciado con harta frecuencia en distintos medios de comunicación, ésta ha sido PROTOCOLO. Y es que parece que algunos sólo se acuerdan del protocolo… cuando truena, por eso de parafrasear nuestro rico refranero, muchas veces injustamente relegado, cuando no deja de ser una fuente de aforismos y sentencias que describen perfectamente el espíritu paisano –de país, nación o Estado-.

La culpa de tanta alusión en aluvión mediática a este concepto, ese mismo que desde aquí tantas veces defendemos en cuanto a lo que conlleva y representa, ha sido la polémica suscitada con ocasión del reciente Desfile del 12 de octubre, llamado de la Fiesta Nacional –hasta que alguien en algún despacho no decida cambiarlo, claro-. Como todos saben, en el mismo se produjeron silbidos y abucheos contra el presidente del Gobierno, lo que provocó las iras de algunos destacados miembros del Ejecutivo, censurando esa actitud y aprovechando la circunstancia, incluso la ministra del ramo, esto es, la de Defensa, ha comentado que tiene la intención de cambiar el formato de esta celebración, para lo cual afirma que se reunirá con los grupos parlamentarios.

¿Cambiar de formato implica modificar el ceremonial de protocolo del evento? Una cosa es asignar el espacio para desarrollar el acto, acotando cada zona, clasificándola y diferenciándola (fuerzas que desfilan, movimientos protocolarios, presidencia del evento, invitados de honor, especiales… y demás invitados donde se incluyen los ciudadanos que acuden libremente a presenciar el desfile; pero otra es introducir modificaciones que afecten precisamente a la puesta en escena del ceremonial de protocolo. Eso sería cambiar el protocolo.

Resulta chocante que el Gobierno, por un berrinche, anuncie ipso facto alteraciones en el formato de un acto institucional, mientras que por ahora no tiene intención de abordar la actualización de nuestro obsoleto Real Decreto de Precedencias 2099/83 -que todavía lleva la firma de Felipe González-, y que no contempla el vigente mapa de representaciones institucionales del siglo XXI.