El Consejo de Ministros del pasado viernes, 14 de julio, ha acordado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, y abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo, lo que conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.

La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Este sector está compuesto por 1.490 empresas, con una plantilla de 85.000 personas y una facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2012.

En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, veinte años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas.

El nuevo texto legal recoge aportaciones de las entidades más representativas del sector. Tras la presentación al Consejo de Ministros el pasado 12 de abril, el Ministerio del Interior trasladó el Anteproyecto de Ley a los principales agentes de la seguridad privada en España, recibiendo 44 observaciones de entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias.
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*Articulo publicado el 17 de junio de 2013 en Revistaprotocolo.es- Ver artículo